El Tribunal de Esquel  absolvió al Jefe del Grupo Especial de Operaciones -GEOP- de la Policía de Chubut, Miguel Gómez. Los jueces Jorge Criado, Martín O’ Connor y Daniel Camilo Pérez, consideraron que en Corcovado -en el oeste chubutense- existieron irregularidades y abusos cometidas por miembros de la Policía en marzo de 2009. Pero que estos no fueron cometidos por el GEOP. También hicieron un llamado al Estado provincial para que repare los daños sufridos por las familias afectadas por los allanamientos y a que implemente nuevas medidas tendientes a evitar que policías puedan actuar amparados en el anonimato, como sucedió en esa oportunidad.

De los dos votos que fueron leídos, solo uno observó la comisión de un hecho abusivo en
cabeza de un miembro del GEOP.

El GEOP al irrumpir en la casa de Garcette lo encontró a este sentado en una silla mirando televisión, al no tirarse inmediatamente al piso, O`Connor da por cierto que un uniformado le “tiró de un culatazo al suelo a Angel Ricardo Garcette y –mientras éste caía- le propinó un puntapié en la zona de la cintura, ocasionándole una hematoma de 2 por 3 centímetros.
El juez se preguntó para qué la patada si con el culatazo del arma bastaba para reducirlo. Y concluyó entendiendo que “la lesión producida por un integrante del grupo GEOP al Sr. Angel Ricardo Garcette, atravesó el sendero del injusto, lo que constituyó una mortificación moral excesiva y abusiva, puesta en términos que fueran utilizados en la acusación”.
Sin embargo el mismo juez consideró que Gómez -el jefe del GEOP- no puede responder por este hecho por diferentes motivos, en primer lugar porque no fue el autor, en segundo término porque ni siquiera habría estado presente y en tercer lugar porque evidentemente este acto no respondía a un plan previo, sino que sería un exceso cometido por un agente en particular.

Ambos magistrados hablaron de una co-construcción del relato, de condicionantes de tipo
emocional y de paso del tiempo por parte de los allanados, y de afecto y compañerismo del
lado de los policías.

LOS DAÑOS

Los jueces entendieron que la provincia está en deuda con los ciudadanos de Corcovado. “Si bien el rompimiento de las puertas es un procedimiento permitido, eso no implica que no haya sido cometido por Funcionarios de la Provincia. Esos daños, en muchos casos, no han sido abonados a las personas allanadas. Otros daños que también fueron consecuencia directa de los procedimientos, aunque no hayan sido delitos, deben ser paliados”.

El Dr. Pérez adhirió al voto de O’ Connor, señalando que “si bien es cierto principie en mi voto con el acompañamiento a que esta fuerza especial ( Geop) debía ser la que efectivamente lleve adelante estos procedimientos, por la espacial situación que se estaba viviendo en Corcovado, luego también advertí que resulta injusto que los ciudadanos particulares deban sufrir en su propiedad la rotura de sus puertas o algún otro bien como consecuencia del protocolo que sigue este grupo especial. Se puede admitir que este procedimiento de irrupción sorpresiva sea el que corresponde por la alta peligrosidad que tiene ese momento del procedimiento y que sea necesaria romper en vez de golpear una puerta esperando que le abran, pero debería inmediatamente indemnizarse a cada propietario con los daños producidos. Así hemos visto en Corcovado la cantidad de puertas dañadas que aun están rotas, en el mismo estado o algunas ya ha sido sustituidas pero con el esfuerzo económico de sus propietarios. Esta situación no debiera volver a ocurrir”, sostuvo el magistrado.

EL FALLO ABSOLUTORIO

Luego de 146 páginas de minucioso análisis de todas las probanzas, los magistrados fallaron absolviendo a Miguel Gómez por todos los delitos que se le imputaron. Fueron rechazados los planteos de la defensa sobre la nulidad de la acusación ampliada por la Fiscalía en juicio y rechazado su pedido de remitir actuaciones a la Fiscalía para que se investiguen los delitos de falsa denuncia y falsedad ideológica.

Finalmente los jueces realizaron una recomendación al Estado Provincial: “RECOMENDAR al Estado Provincial, por los medios y acciones que se estime correspondan, la pronta intervención en la localidad de Corcovado relevando los daños materiales y morales sufridos por las víctimas de los hechos juzgados y, en su caso, reparando los mismos conforme proceda

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